La decisión de la Corte Suprema que permitió a la administración Trump avanzar con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) marca un antes y un después para cientos de miles de inmigrantes en Estados Unidos.

Aunque el fallo se centró en los beneficiarios de Haití y Siria, sus efectos podrían extenderse a más de un millón de personas protegidas bajo este programa humanitario.

La pérdida de permisos de trabajo, el riesgo de deportación y el impacto sobre empresas y comunidades aparecen ahora como las principales consecuencias de una decisión que redefine el alcance de la política migratoria del Gobierno.

Hasta ahora, cientos de miles de haitianos y miles de sirios podían vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos gracias al TPS.

Con la decisión de la Corte Suprema, esas protecciones comenzarán a desaparecer conforme el Departamento de Seguridad Nacional avance con la cancelación de las designaciones.

Aunque todavía no existe una fecha oficial para retirar los beneficios, se espera que el proceso ocurra durante los próximos meses.

Cuando eso suceda, los beneficiarios perderán tanto la protección contra la deportación como sus permisos de trabajo.

En una votación de 6 contra 3, la Corte Suprema concluyó que los tribunales inferiores no tienen autoridad para bloquear las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre el TPS.

Actualmente, 17 países cuentan con este beneficio migratorio.

Sin embargo, la administración Trump ya ha tomado medidas para eliminar esa protección en 13 de ellos.

El caso analizado por la Corte se concentró en aproximadamente 350.000 haitianos y unos 6.000 sirios.

Sin embargo, los efectos podrían alcanzar a cientos de miles de ciudadanos de otros países que también dependen del TPS para permanecer legalmente en Estados Unidos.

“Sería el mayor caso de desdocumentación de personas en la historia de Estados Unidos”, declaró Ahilan Arulanantham, quien defendió el caso del TPS sirio ante la Corte Suprema y es profesor de derecho en la Facultad de Derecho de UCLA.

La administración Trump sostiene que el TPS siempre fue un beneficio temporal y que muchos de los países incluidos ya no justifican mantener esa protección.

No obstante, organizaciones y abogados recuerdan que varios de esos países continúan enfrentando graves crisis.

Haití, por ejemplo, permanece afectado por violencia, inestabilidad política y el control de amplias zonas por parte de pandillas desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

El TPS para los haitianos surgió originalmente tras el devastador terremoto de magnitud 7,0 registrado en 2010.

Especialistas en inmigración advierten que los beneficiarios del TPS no deberían esperar a que expire su protección para buscar alternativas legales.

Las demandas que intentaban impedir la cancelación del TPS para distintos países podrían quedar prácticamente sin efecto tras la decisión del máximo tribunal.

Por ello, abogados recomiendan explorar otras opciones migratorias cuanto antes.

“No espere a ser arrestado por ICE para pensar en esto”, indicó Katie Kersh, abogada principal de Advocates for Basic Legal Equality en Dayton, Ohio. “El sistema de inmigración es muy lento. Es muy difícil lograr algo de emergencia a último minuto”.

Los expertos también aclaran que el fallo no implica automáticamente que todas las personas perderán la posibilidad de permanecer en Estados Unidos.

Cada situación dependerá del historial migratorio y de las circunstancias particulares de cada beneficiario.

“No es una cuestión de todo o nada. Dependerá de los hechos y circunstancias de cada caso si tienen derecho a permanecer aquí. No es una pregunta que pueda responder de forma general. Cada caso se analizará individualmente”, afirmó Geoffrey Pipoly, uno de los abogados que representó a los haitianos beneficiarios del TPS ante la Corte Suprema.

Aun así, Pipoly advirtió sobre las posibles consecuencias humanitarias.

“Muchas, muchísimas personas van a morir de forma violenta e innecesaria. Esa es la cruda realidad. Eso es lo que me ha quitado el sueño durante los últimos ocho meses”, agregó.

El impacto del fallo no se limitará a los inmigrantes.

Empresas de sectores como hotelería, construcción, atención médica y cuidado de adultos mayores anticipan una importante pérdida de trabajadores.

Según un análisis de FWD.us, a principios de 2025 había cerca de 190.000 beneficiarios haitianos del TPS.

Ese grupo aporta aproximadamente US$ 5.900 millones a la economía estadounidense y genera alrededor de US$ 1.600 millones en impuestos federales, estatales, locales y sobre la nómina.

“[Esta] decisión supone un revés devastador para los cientos de miles de beneficiarios del TPS que han construido sus vidas en comunidades de todo Estados Unidos y, lo que es más importante, para nuestra economía, ya que corremos el riesgo de perder trabajadores cualificados, con experiencia y con antecedentes verificados en sectores críticos, desde la atención médica hasta la hostelería, la construcción y otros”, declaró Rebecca Shi, directora ejecutiva de American Business Immigration Coalition Action.

Jan Gautam, director ejecutivo de IHRMC Hotels & Resorts, calcula que deberá despedir cerca del 20 % de su personal en hoteles de Florida si los trabajadores pierden su autorización laboral.

En Ohio, donde miles de haitianos viven bajo el TPS, también existe preocupación.

El gobernador republicano Mike DeWine calificó la decisión como un error.

“Como resultado del fallo de hoy, los más de 10.000 haitianos que vivían legalmente en Ohio (principalmente en el área de Springfield) gracias al TPS ahora estarán aquí ilegalmente y serán deportados de inmediato”, declaró DeWine en un comunicado. “Esto también significa que, si bien estos haitianos trabajaban y contribuían a nuestra comunidad y economía ayer, hoy es ilegal emplearlos”.

La decisión sobre el TPS representa una de las dos victorias migratorias que obtuvo la administración Trump el mismo día ante la Corte Suprema.

Además, el tribunal autorizó al Gobierno a reactivar una política que permite rechazar sistemáticamente a inmigrantes en la frontera sur.

“Gracias a estas decisiones, ahora contamos con varias herramientas importantes más para seguir protegiendo nuestras fronteras”, declaró James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado.

Mientras tanto, todavía queda pendiente uno de los casos más importantes en materia migratoria.

La Corte Suprema aún debe resolver si el Gobierno puede poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una decisión que podría afectar a cientos de miles de futuros niños nacidos en Estados Unidos de padres no ciudadanos y que volverá a definir el rumbo de la política migratoria del país.

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FUENTE: CNN