El Departamento de Policía de Dallas actualizó desde abril su Orden General 315.04, el documento que regula la cooperación con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Por qué importa: La nueva política amplía las facultades de los oficiales durante detenciones legales y modifica reglas que antes protegían a inmigrantes frente a solicitudes de las autoridades migratorias.
El cambio ocurrió después de una disputa con el Gobierno de Texas que puso en riesgo casi 90 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos destinados a la seguridad del Mundial FIFA 2026.
Hasta antes de la modificación existía una cláusula que impedía a los oficiales prolongar una detención para investigar el estatus migratorio de una persona o mantenerla retenida únicamente por una solicitud de ICE.
Last summer, ICE agents became a daily fixture of Dallas’ immigration court. Now they are barred from making arrests.
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— Dallas Observer (@dallas_observer) June 24, 2026
Esa protección fue eliminada de la Orden General 315.04 vigente, según informó The Texas Tribune .
Con las nuevas reglas, los oficiales pueden preguntar sobre el estatus migratorio de una persona que ya fue detenida o arrestada legalmente.
También pueden compartir esa información con ICE y con otras autoridades federales.
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Además, la política autoriza prolongar una detención, como una parada de tráfico, para retener a una persona cuando así lo soliciten agentes migratorios.
La actualización también permite brindar asistencia operativa a ICE cuando esa colaboración sea considerada «razonable o necesaria».
El cambio representa una ampliación de la cooperación entre la policía local y las autoridades federales de inmigración.
Pese a las modificaciones, la Orden General 315.04 mantiene algunas restricciones para los oficiales.
La política establece que una persona no puede ser detenida únicamente para verificar su situación migratoria.
Debe existir una razón legal independiente que justifique el contacto o la detención.
Tampoco se permite preguntar sobre el estatus migratorio de víctimas, testigos o personas que denuncian un delito.
La única excepción ocurre cuando exista causa probable de que esas personas hayan cometido una infracción distinta.
Estas limitaciones permanecen dentro del documento pese al fortalecimiento de la cooperación con ICE.
El cambio no surgió por iniciativa del gobierno municipal.
El gobernador Greg Abbott condicionó la entrega de recursos estatales a una mayor cooperación con las autoridades migratorias.
Según la información disponible, Dallas arriesgaba más de 32 millones de dólares en subsidios para seguridad pública.
También estaban en juego más de 55 millones de dólares destinados a la seguridad del Mundial FIFA 2026.
Finalmente, el alcalde Eric Johnson respaldó las modificaciones.
Por su parte, el jefe de policía Daniel Comeaux presentó los cambios como una medida para cumplir con la legislación estatal.
Según The Texas Tribune, Dallas no fue la única ciudad bajo presión.
Houston también revisó su política de cooperación con ICE después de enfrentar la amenaza de perder 114 millones de dólares.
Austin, por su parte, negoció una prórroga para adecuar sus propias normas.
El patrón, de acuerdo con el reporte, se repite en las principales ciudades de Texas.
La presión mediante el financiamiento ha llevado a distintos gobiernos locales a modificar sus políticas sobre inmigración.
Mientras tanto, un análisis del Deportation Data Project señala que la oficina de ICE en Dallas ha arrestado durante seis meses consecutivos a más personas sin historial criminal que a individuos con condenas o cargos penales.
Ese perfil ayuda a dimensionar qué tipo de inmigrantes podrían verse más afectados por las nuevas facultades otorgadas a la policía local.
Organizaciones comunitarias y legisladores demócratas han advertido que la política podría provocar un «efecto frío» en los barrios latinos.
Su principal preocupación es que algunas personas eviten denunciar delitos o solicitar ayuda policial por temor a que su situación migratoria termine siendo compartida con las autoridades federales.
